Puebla en una guerra contra el pasado

El estancamiento del gobierno de Miguel Barbosa en medio de una guerra política contra el pasado

Qué complicado y tortuoso es el camino a la democracia es en nuestro país, donde a cada paso, los vericuetos, rutas, señales y anhelos por elevar anclas para hacer de la justicia una realidad. La voracidad de intereses ajenos a ella tiene a la corrupción e impunidad cobijadas en una complicidad inmediata sin escrúpulo alguno contra una nación y pueblo que intenta reinventarse de las cenizas.

El filósofo Adolfo Sánchez Vázquez plantea que: “La moral es un conjunto de normas, aceptadas libre y soberanamente, que regulan la conducta individual y social de los hombres”.

Esta sentencia se encuentra en un doble plano: a) el normativo constituido por las normas o reglas de acción e imperativos que enuncian algo que debe ser, y b) el fáctico o plano de los hechos morales, constituidos por ciertos actos humanos que se dan efectivamente, es decir, que son, independientemente de cómo estimemos que debieron ser.

En lo normativo, el filósofo expone que pertenecen las reglas que postulan determinado tipo de comportamiento: “ama a tu prójimo como a ti mismo”, “respeta a tus padres”, “no mentiras”, “no te hagas cómplice de una injusticia”. También enfatiza que en lo fáctico corresponden siempre acciones concretas: el acto por el que X se muestra solidario de Y, la denuncia de una injusticia, donde el grado positivo de la norma se ajuste a una moral solidaria sin que se violen sus principios.

Condición de moral donde precisamente no aparece en nuestro bosquejo de democracia que está atada a la corrupción sin ápice de valores ni axiología alguna, donde un pueblo da muestras siempre de brindar todo por la nación, mientras un grupo mezquino de la vida un páramo.

Entretanto, tal pareciera chocante que para poder analizar y exponer tal soberanía de la moral y normas, parto de cómo cinco sexenios arrojan pobreza y derrumbe de la democracia, en cuanto a cómo destrozan valores constitucionales para satisfacer su voracidad inmensa. Nación violada y despojada, pueblo traicionado cada vez que ante el aparato legislativo se rinde protesta.

El artículo 87 de nuestra Carta Magna, establece: “El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: «Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.»

Si moralmente se cumpliera al pie de la letra, no arrojaría ningún problema; sin embargo, los hechos marcan lo contrario al Artículo 87, porque al momento en que se retira del legislativo el nuevo presidente, todo queda en el olvido, sin rasgo alguno de dignidad ni compromiso con la patria, con el pueblo, nación, mucho menos con la Constitución.

Ejemplos sobran, desde Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felpe Calderón y Enrique Peña, de momento, gozan de impunidad. Como legisladores tenemos a Diego Fernández de Cevallos, Ricardo Anaya, quien por cierto, lo colaron como diputado sin ganar ninguna contienda por llegar como plurinominal, Osorio Chong, quienes también la impunidad la convirtieron en una constante antimoral sin normas éticas, todo por hacerse de beneficios que les garantizó el poder.

Cada uno deformó y destruyó el futuro de la nación, derivando en represión, saqueo nacional, miles de muertos y desaparecidos. Privatización de bienes nacionales como Pemex, CFE, Ferrocarriles, sistema de salud, millones de hectáreas a capital extranjero para explotación de minas. Largo etcétera.

De momento, la crisis del sistema judicial y del aparato de la Corte caen en corrupción, en la Fiscalía General de Justicia (FGJ), de igual forma los magistrados del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) responden a los partidos y no a la ley, por lo que deberían ser electos directamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aunado a denuncias interpuestas contra los legisladores Benjamín Saúl Huerta Corona, a quien la Fiscalía General de Justicia capitalina acusa de abuso y violación sexual equiparada en contra de un menor de edad, y a Mauricio Toledo Gutiérrez por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, al fin ambos fueron desaforados.

La cuestión es que no se procede de igual forma contra el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, ni se agiliza el proceso contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca, que son apenas una punta de grandes problemas.

Puebla, un páramo actual

Nuestro estado es rico en naturaleza, en diversos sistemas productivos, universidades, en cultura, sobre todo como en todo México, con una ciudadanía comprometida y trabajadora.

El problema no radica en todo eso, sino en administraciones que carecen de compromiso social. Unas más que otras hicieron de Puebla su bono económico personal junto con una pandilla de colaboradores, donde desde gobernadores, presidentes municipales, legisladores, funcionarios y demás, el cuerno de la abundancia les glorificó magníficamente. Pero, ¿qué ocurre actualmente?

Se esperaba que luego del proceso electoral de hace dos años, donde una nación votó y descargó su hartazgo contra sexenios de injusticia, la respuesta a la anhelada democracia que se apegue a una moral y ética legal como de demanda social daría forma, cuestión que se estancó por instalarse en un apetito del poder, borrando promesas de campaña.

Felipe Calderón, para vender la idea de que su gobierno era legítimo, recurrió a declarar la guerra al narcotráfico, con las consecuencias de todos conocidas, aunado al saqueo del presupuesto para su provecho y su camarilla, lo mismo los otros.

El moranovallismo fue copia fiel de esos gobiernos federales, por lo que el voto ciudadano también reclamó en las urnas, empeñando la esperanza en un momento mejor.

El estancamiento político y de gobierno de Miguel Barbosa, se debe a que emprende una guerra contra el pasado, sin atender amplias necesidades urgentes en el estado.

También a emprender una guerra política contra los causantes del desastre en el estado que invirtieron en obras de maravilla, para justificar saqueo del presupuesto generando un clima de inestabilidad y criminalidad sin medida, privatizando al por mayor, dando origen o ampliando fortunas gracias al presupuesto. Una Puebla bonita gracias al montaje de escenarios falsos: nada más.

Empero, todo es un sueño, porque ha derivado en diversos conflictos políticos en el gabinete original con la separación de varios funcionarios, bajo cualquier pretexto, sin un perfil definido objetivo ni claro, como también con otras autoridades municipales, que no coinciden con su modo de ser.

Si bien la aún presidenta municipal de Puebla cometió errores administrativos que dan pie a reclamos sociales, otra cosa es la guerra política que se le emprendió. El caso es que la oposición ajena a su partido actúe así, no que integrantes de Morena le hagan la guerra, principalmente desde el Congreso del Estado, como también desde el gobierno estatal, teniendo como resultado que se pierda el municipio.

En cuanto a problemas en la entidad tenemos que no se cuenta con un aparato de seguridad lo suficiente ni en regla para brindar estabilidad a la ciudadanía pues se contrataron personajes de Chiapas que resultaron igual que los malandros. Robo de combustible, saqueo de góndolas de ferrocarril, desapariciones al por mayor, opacidad gubernamental.

Todo político, se supone, debe realizar una prospectiva de su estado y gobierno, para poder desempeñar su labor y rendir cuentas a la ciudadanía. Si no se lleva a cabo tal recurso, entonces el desempeño presenta problemas de ejecución, con el reclamo consecuente.

El problema legal de la UDLAP y la Fundación Mary Street Jenkins, la cuestión política con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el conflicto social derivado de reclamos por el uso del agua por parte de la empresa Bonafont; la promesa de corregir el problema del transporte urbano -que continúa igual-, donde se negoció que al aumentar el pasaje se modernizarían unidades, así como instalar cámaras para vigilar y dar cuenta de asaltantes; todo es nada. El pagano es el bolsillo ciudadano.

e-consulta publicó la postura de la Presidencia de la República donde Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno de la República intervendrá en el conflicto que hay entre patronatos por el control de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), lo cual fue celebrado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta y la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ).

“Vamos a ver cómo ayudamos. Entiendo que este asunto lo están tratando en la Fiscalía de Puebla y en la Fiscalía de General de la República”

Lo anterior, ante la imposibilidad del gobierno estatal de encontrar la lógica del problema, por lo que se dio instrucciones para que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realice una investigación para poder actuar en consecuencia.

“Vamos a pedirle a Santiago Nieto que nos ayude haciendo un trabajo de investigación y nos presente una recomendación y a partir de eso actuamos”, informó.

El caso reciente de implementar un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Fiscalía General del Estado, en la comunidad de Palmarito Tochapan para detener al líder de robo de combustible José Antonio Martínez Fuentes, alias ‘El Toñín’ y su familia, derivó en un fracaso, porque los habitantes repelieron y evitaron su detención, quien acusa al gobernador de persecución política, así de implementar un paro en la autopista, amenazando que se realizará una manifestación en el Palacio Nacional para denunciar al gobernador.

Cabe recordar que desde el sexenio de Rafael Moreno Valle se prenden los focos rojos ante robo de combustible, incremento de narcotráfico, ejecuciones, secuestros, extorsiones y más, estancando con líderes como ‘El Bukanas’ y ‘El Kalimán’, donde se señaló también a ‘El Toñín’, sin olvidar el problema en el municipio de Puebla.

Por cierto, la Revista Proceso publicó que el periodista Manuel Ponce de León presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien en rueda de prensa lo acusó de tener vínculos con el supuesto delincuente por haber publicado una entrevista con esta persona.

El comunicador, quien conduce el programa “Así lo dice Puebla”, pidió que Barbosa aclare, en rueda de prensa, que él sólo hizo su labor informativa cuando publicó en sus redes sociales la entrevista con Martínez Fuentes.

Otro problema es que el diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, presentó un Punto de Acuerdo en el Congreso de la Unión para que el Tribunal de Superior de Justicia del Estado de Puebla (TSJP), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla (SEGOB), inicien una investigación a fondo para liberar al activista defensor del agua y la seguridad pública, Eloy Méndez Becerra, quien fue encarcelado junto con otros 13 integrantes de la organización social Amozoc Seguro la madrugada del 23 de junio del año pasado.

“Se trata de un asunto político y no un delito cometido en contra de la sociedad”, dijo Calvajal Hidalgo sobre el encarcelamiento de Méndez Becerra.

Hace un año, alrededor de 43 organizaciones sociales y actores políticos condenaron la detención violenta e irregular de los 14 activistas de Amozoc; entre esas voces estuvo la de Carvajal Hidalgo, quien calificó el hecho como un acto de traición al pacto de civilidad de nuestro estado, pues estos ciudadanos se encontraban en diálogo con la Secretaría de Gobernación de Puebla dado que sentían amenazada su libertad e integridad como represalia por su lucha por la seguridad de su municipio.

Al momento de realizar un comentario, si este tiene implicaciones políticas, se debe contar con fundamentos y documentación que pruebe lo dicho o denunciado; de lo contrario, se corre el riesgo de ser objeto de denuncia legal o exigencia de aclarar el dicho.

El mandatario poblano este 10 de agosto en rueda de prensa, declaró que durante el gobierno de Manuel Bartlett Díaz, entregó un predio para construir viviendas a periodistas, siendo la actualidad donde no se entregaron títulos de propiedad.

“Hace décadas gobiernos estatales estuvieron entregando predios, pero nunca títulos, hubo el caso de un fraccionamiento que en la época de Manuel Bartlett se entregaron lotes a periodistas, pero nunca entregaron títulos y ahora ya estamos en condiciones de hacerlo”, expresó.

La respuesta no se hizo esperar, siendo que el director de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, rechazó que hubiera entregado predios sin escrituras a reporteros, cuando fungió como gobernador de Puebla, en el periodo 1993-1999, como lo declaró el gobernador poblano.

Recurriendo a un mensaje por Twitter, Bartlett, redactó.

Dijo públicamente @MBarbosaMX: ‘desde la época de Bartlett se entregaron lotes a periodistas pero nunca les entregaron títulos’. Nunca entregué lotes (que él va a regularizar) a periodistas, si tiene los nombres, sería bueno darlos a conocer por el bien de la opinión pública.”

A lo que el gobernador, también le respondió:

Mi querido Manuel Bartlett, para mayor claridad a la opinión pública, se vendieron lotes a mujeres periodistas cuyas escrituras no fueron liberadas en su momento. Un abrazo”.

Esta respuesta obligó al director de la CFE, a revirar y exigió al gobernador poblano:

Mi querido @MBarbosaMX, para mayor claridad a la opinión pública, ¿quién vendió lotes y a qué mujeres periodistas?, ¿en qué momento? Mi gobierno no vendió a mujeres periodistas, habrá que aclararlo”.

Entre tanto, intentando avanzar en su gobierno, los baches y camino empedrado, el gobierno de Puebla intentará seguir hasta su fin, tropezando con obstáculos que él mismo genera.

rodrigo.ivan@yahoo.com.mx

Entrada siguiente

Colectivo ciudadano, para fortalecer la 4-T

Jue Ago 12 , 2021
El Colectivo Bases Poblanas Obradoristas, que se presentó públicamente ayer, anunció en una conferencia de prensa, que apoya y trabajará para que la Cuarta Transformación que lleva a cabo el actual gobierno de la república, se consolide y sea una realidad.        Se pronunció por renovar las viejas estructuras corruptas […]

Puede que te guste