Prensa y la inquisición en Puebla

e-consulta y El Popular padecen y enfrenta la violación a sus derechos constitucionales

Para poder enlazar el significado de represión al derecho de expresión en Puebla, a quien se le somete a juicio por recurrir a la objetividad y veracidad en documentar la serie de anomalías administrativas, de ejecución de justicia, de política gubernamental, ya sea contra la ciudadanía o simulando democracia, donde la soberbia se impone contra ella misma.

Si la libertad de expresión está garantizada en nuestra Carta Magna, así como en organismos internacionales, la ceguera con la que actúan gobernantes y políticos, incluso poderes fácticos, al momento en que sienten que sus lados obscuros ya no lo son; y la prensa da cuenta de cada acto corrupto, en lugar de corregir y depurar, el sistema recurre al poder para reprimir en diversas formas, como demandar al medio de comunicación, cercarle todas las condiciones de publicidad, amenazando a periodistas y directores del medio. En sí, un proceso inquisitorio que se supone desapareció hace siglos.

Tenemos que la Santa Inquisición o simplemente Inquisición se llama a una serie de instituciones pertenecientes mayormente a la Iglesia Católica y dedicadas a la detección, persecución y castigo de la herejía en sus posibles facetas.


Dicha persecución era llevada a cabo por los inquisidores, agentes eclesiásticos con la potestad de someter a juicio la fe de los ciudadanos y de ejercer hasta cierto punto roles policiales, judiciales y punitivos.

La Inquisición encarna el espíritu de las naciones europeas luego del ascenso del cristianismo, que empezó a considerar a los herejes como enemigos del Estado. Así se crea la Santa Inquisición en 1184 en Languedoc, al sur de Francia.

Luego se aplicó en momentos específicos, como el reino de Aragón en 1249, sentando así las bases para lo que luego fue la célebre Inquisición Española, una de las más crueles de la historia, y también en Portugal y en Roma, llegando incluso a las colonias de América.

Aunque ya había aparecido en el reino de Aragón, la Inquisición fue instaurada formalmente en el reino de Castilla en 1478, por la bula Exigit sincerae devotionis del papa Sixto IV, para combatir las influencias de los judeoconversos en la Sevilla de la época.

A diferencia de otros capítulos de la Santa Inquisición, ésta fue promovida por la monarquía, es decir, por sus majestades católicas, y pronto extendió su dominio a otros territorios e incluso a las colonias americanas.

Así, terminó convirtiéndose en una herramienta del poder real, como una suerte de organismo policial interestatal, común a todos los territorios españoles. Luego de la instauración del orden colonial, se creó un Tribunal del Santo Oficio, directamente dependiente del Consejo de la Suprema Inquisición.

Su autoridad estaba en manos de uno o varios inquisidores españoles, quienes contaban con un cuerpo de “consultores del Santo Oficio”, una suerte de consejo de personas doctas para debatir las decisiones difíciles.

Luego entonces, se supone que con el triunfo de Morena Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, se iniciaría un proceso de dar respuesta a la ciudadanía en democratizar al sistema, donde la corrupción y violación de derechos humanos ya no tendrían cabida, es más, el Ejecutivo no puede ser cuestionado de que reprima en alguna forma al pueblo como a ningún medio de comunicación, muy a pesar de que algunos medios y sus intelectuales orgánicos “denuncien” que son hostigados y perseguidos”. Falso, simplemente queda al descubierto su sistema de complicidad con sexenios pasado de cubrirle las espaldas corruptas a dichos poderes, incluso, poderes facticos también eran y pretenden seguir cómplices.

Para poder orientarnos sobre represión al derecho a la expresión como también a la libertad de prensa, nuestra Carta Magna en el artículo 1, que dice: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

En cuanto a los artículos 6 y 7, dictaminan que “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. … La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”.

En el artículo 9, establece que “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar”. A su vez, también postula el derecho de asociación. Este artículo protege dos derechos: el derecho de reunión y el de asociación. Constituyen dos derechos fundamentales en todo régimen democrático, al garantizar la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno y el control de su actuación.

Ante lo cual, en nuestro país, durante sexenios, de manera sistemática gobiernos, políticos y poderes facticos, en el momento en que consideran que movimientos sociales, líderes, medios de comunicación y periodistas resultan incómodos a sus intereses, la violación a derechos a manifestarse, a expresar y publicar, son objeto de censura, de coartar en todas las formas la expresión, ya sea amenazas, demandas, manipulación de la ley para presionar o encarcelar, al grado de golpear, eliminar físicamente a la persona o periodista, es decir, asesinar o desaparecer.

Durante los últimos años del gobierno de Porfirio Díaz (1876-1911), se llevaron a cabo medidas espeluznantes contra los periodistas de la oposición. Las persecuciones y asesinatos tiñeron de negro la historia de la prensa de México. No obstante, al final los mártires de la libertad de expresión motivaron el fin de una autocracia de casi treinta años, y el estallido de la Revolución Mexicana.

Ricardo Flores Magón: “Deberían ver la lista de editores que han sido asesinados, apuñalados o se les ha dejado pudrir en calabozos inmundos. Deberían conocer la historia de hombres nobles a quienes se ha apaleado, cegado, despojado de su propiedad, y por nada, salvo el demandar con palabras pacíficas las libertades.”

Durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, bajo pretexto de proteger a la nación contra cualquier intervención y agitación enemiga, es el delito de disolución social consagrado en el artículo 145 del Código Penal Federal que estuvo vigente en las décadas de 1940 a 1970, artículo que arrojó represión social y al derecho de expresión.

En la historia del periodismo mexicano existen periódicos, revistas, semanarios, que logran marcar huella y ser, notorios testimonios, de la época en que se vive.

Sucedió en el porfiriato con el “Hijo del Ahuizote” o el Diario Regeneración, que editaban los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón. Sin esas fuentes periodísticas, no podríamos entender el ideario de la revolución, y por consiguiente, la arbitrariedad de la dictadura de Porfirio Díaz.

Los hermanos Flores Magón no solamente a través de su prensa, fueron críticos recalcitrantes del porfirismo, sino que también, fueron precursores de ese movimiento social armado, llamado Revolución Mexicana, de tal forma, que dichos periodistas, pese haber sido hostigados y encarcelados por el régimen porfirista, se convirtieron en importantes activistas políticos, al grado de elegir éstos la vía armada, para el derrocamiento del dictador.

Sin embargo, cuando hablamos del siglo XX, nos preguntamos: ¿qué semanario podíamos identificar, como el mejor testimonio, de los peores días del autoritarismo priista mexicano concretamente de la época diazordacista-echeverrista, que abarcó la década de los sesenta y setenta? ¿Qué periodista mexicano pudo haberse sentido la reencarnación de Ricardo Flores Magón y pasar de su profesión periodística, a su faceta de activista política y posteriormente de guerrillero?

Sin duda alguna, la respuesta la encontramos en la revista: ¿Por qué?; y en su creador y director fundador, el periodista Mario Renato Rodríguez Menéndez, que, quien dio cuenta de la masacre del 68, motivo por el cual fue perseguido y tuvo que exiliarse.

El asesinato de Manuel Buendía fue un golpe seco al gremio periodístico. Era la evidencia de que grupos criminales, dentro del propio estado, estaban dispuestos a rebasar límites y a pagar los costos que implicaba silenciar a un periodista incómodo.

Rafael Moreno-Valle Rosas creció el autoritarismo, hubo un impacto negativo en el tema de los derechos humanos, se magnificaron las detenciones y represión ante las críticas y manifestaciones contra la disidencia social, las autoridades jugaron con los indicadores pero no hubo impacto real en la calidad de vida y se creó una fantasía respecto a las obras monumentales en Puebla.

Se controló a partidos de oposición, eliminando los contrapesos, y el gobierno poblano se encargó de tejer redes con las élites políticas y económicas. En Puebla no gobernó la alianza PAN-PRD, sino el morenovallismo, una especie de maximato, pues mantiene el control a través de José Antonio Gali, que fue mandatario estatal, y buscó perpetuarse a través de Martha Érika Alonso, candidata del Frente PAN-PRD-MC para este 2018, y esposa de Rafael.

Los gobiernos de los expresidentes panistas Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, y el priista Enrique Peña Nieto, incurrieron en el mismo método y sistema de imposición y represión. Claro que esos sexenios contaron con una prensa a modo, al gusto de sus intereses; me refiero a prensa e intelectuales “orgánicos”, que cumplen su papel de pintar lo grotesco, la corrupción, impunidad, cinismo, represión y más males, de color de rosa, porque para eso les pagan.

Con el triunfo de López Obrador, esos poderes obscuros se dedican un día y otro igual, al vituperio, desprestigio, falsas noticias, comandados por empresarios y sus tres partidos, a buscar recuperar el poder oligarca. Todos denuncian persecución, sin embargo, a la fecha, nadie padece lo que dicen.

Puebla se supone que está incluida entre gobiernos de Morena, pero, así como el ejecutivo López Obrador se pronuncia contra la corrupción, tal pareciera que nuestro estado es una isla aparte, porque la corrupción y soberbia reinan a sus anchas; se reprime manifestaciones sociales, se reprime a medios de comunicación que parten de esos derechos constitucionales que garantizan la libertad de expresión, cuando se documenta o hacen voz de los manifestantes contra actos de gobierno injustos.

Es el caso de los medios e-consulta digital y diario EL Popular que, al asumir su compromiso deontológico de dar cuenta de anomalías, conductas erráticas de un gobierno, éste ejerce el poder para aplicar demandas bajo pretexto de que publican violando la “moral” del gobierno.

La persecución está casi desde principio del mandato, así como los problemas que aquejan a Puebla.

Gobierno que si un funcionario de primer nivel no encaja a sus caprichos, es despedido, acusando de que también es incómodo. Sin embargo, tenemos un ejemplo de impunidad, lo es con Guillermo Aréchiga, quien fue titular en la Secretaría de Movilidad y Transporte, tan luego de descubrirse actos de corrupción en su cargo, fue separado de su cargo. Las pruebas están sobre la mesa, sin que se ejecute la legalidad por su corrupción.

Eso sí, cuando se publica con rigor constitucional, eso no importa, la represión es el tono de la soberbia petulante. Ambos medios de comunicación padecen y enfrentan la violación a la Constitución.

rodrigo.ivan@yahoo.com.mx

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