La lucha del sindicato de burócratas

La lucha por el poder en el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado

La historia del sindicalismo mundial se enfrenta a diversos retos y luchas, con el fin de poder conquistar la legalidad y mejoría de sus agremiados frente y contra la oligarquía voraz, que siempre se empecina por mantener su beneficio económico, incrementando sus ganancias y plusvalía, a costa del sometimiento de la clase trabajadora.

Dicha oligarquía recurre a manipular derechos laborales y hasta distorsionar a la Constitución, mediante la alianza corrupta de autoridades legales, jueces y el mismo gobierno, quien le pondera su poder, bajo el argumento de que dicha casta divina económica es quien imprime el desarrollo nacional.

Desde el siglo XIX, el sindicalismo mexicano comenzó su gesta. El movimiento obrero en la época porfirista opuso resistencia a la situación de miseria, desigualdad y marginación política que cundía en la época. Ya a principios del siglo XX es muy conocida la historia que hunde la raíz en el movimiento sindical en el país, a saber, la huelga de Cananea en 1906 y de Río Blanco en 1907 respectivamente. El papel del Partido Liberal Mexicano fundado, entre muchos otros, por Ricardo Flores Magón, fue decisivo en estas huelgas

Posteriormente la fundación de la Casa del Obrero Mundial en 1912 y la creación del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en 1914, aparecen en la historia del sindicalismo mexicano como una muestra de la combatividad y fuerza que el movimiento obrero, sindical y de los trabajadores en general, representa en la historia de México.

Pero si de combatividad y estoicismo político se trata, la década de los treinta del siglo pasado fue crucial para el país y para el movimiento sindical. La crisis económica que estalló en todo el sistema capitalista a partir de 1929 y que se prolongó hasta bien entrada la década, también afectó a México; de manera que los trabajadores reaccionaron con acciones y movilizaciones para resarcir la pérdida del poder adquisitivo, de sus salarios, pero además, invocando la Ley Federal del Trabajo de 1931, empezaron a exigir la firma de contratos colectivos en las empresas y la sindicalización de los trabajadores, de manera que en varios sectores se llevaron procesos de unidad que culminaron con la constitución de sindicatos nacionales como el ferrocarrilero en 1933, el minero metalúrgico en 1934, el petrolero en 1935 y la Confederación de Trabajadores de México en 1936 (González Guerra, 2006: 24).

Voces dentro y fuera del gobierno pedían mano dura contra estos movimientos de los trabajadores. Sin embargo, en esos momentos la fortaleza del movimiento sindical estaba a todas luces muy por encima de la percepción que ahora se tiene de los mismos.

Los nombres de personajes entrañables del movimiento obrero y sindical como lo fueron Valentín Campa y Vicente Lombardo Toledano representan una gloria para las luchas democráticas del sindicalismo en México.

Por su parte, los callistas, el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), empresarios, banqueros y la jerarquía católica, también tejieron alianzas para detener la correlación de fuerzas que se gestaba en la lucha de clases a favor del movimiento sindical (León, 1985). En este aspecto -tal y como Jorge Alonso lo afirma en su análisis sobre las élites y clases sociales en el periodo formativo del México moderno (1925-1945) (Alonso, 1976)-, fue a través del aliciente a la inversión que la élite política del país tejió alianzas con la burguesía y sus élites (comercial, industrial y financiera) y comenzó a desplazar a la élite terrateniente. El efecto fue que la industrialización se genera en concreto (Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Nacional Financiera) no sólo bajo un control de los medios de producción, sino también por medio de la neutralización de la lucha de clases.

A esta afrenta se le suma el que el presidente Cárdenas crea la Confederación Nacional Campesina (CNC) para desligarla del movimiento obrero y buscar corporativizar a éste a través de las mediaciones y hegemonía del Estado. Esto se cumple cuando en 1941 queda electo como secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Fidel Velázquez Sánchez.

Ahora bien, la burguesía mexicana como clase llega a consolidarse en el periodo de Manuel Ávila Camacho debido, principalmente, a la alianza de la élite política con la élite industrial, además de la conversión de los militares en empresarios y de la conformación de una élite de líderes obreros y campesinos ya corporativizados.

De hecho, la burguesía también se organiza en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), principalmente, para generar fuerza frente a la élite política con la intención de que el Estado beneficie a la iniciativa privada y para defenderse jurídica y coercitivamente de cualquier praxis obrera.

Pero una década más tarde el movimiento sindical se reanima. En 1958 recobran fuerza los ferrocarrileros, maestros, universitarios, petroleros, telegrafistas contra viento y marea: se genera la crisis de la agricultura nacional, disminución de la producción, baja de salarios y cláusula de exclusión en la Ley Federal del Trabajo.

Los nombres de Othón Salazar y Demetrio Vallejo circularon por aquella época como símbolo de la resistencia y la dignidad trabajadora. Sin embargo, la derrota del sindicalismo democrático y combativo está documentada. «La burocracia sindical oficial fue la gran vencedora. Las fuerzas desatadas en 1958 la habían puesto ciertamente en entredicho», pero el nacionalismo revolucionario ya inyectado en el sindicalismo y su idea de controlar el movimiento, alcanzó su cenit y en la década de 1960; el «charrismo» hegemonizó indisputadamente al movimiento sindical».

En los años setenta y ochenta, respectivamente a pesar del sindicalismo oficial, las huelgas obreras y de otros sectores continuaron: la del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana en 1971, en ese mismo año, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM; las luchas de «los trabajadores minero metalúrgicos en 1975 en la Fundidora de Monterrey, por violaciones al contrato colectivo de trabajo y en 1976-1977, en Altos Hornos de México, en Coahuila, por la democratización sindical y mejoras en la contratación colectiva» en 1984 se continuó con la huelga que organizaron los trabajadores de la refresquera Pascual y la de los trabajadores de Aceros Chihuahua, así como la de Volkswagen en 1987, entre otras. Pero es importante señalar que «las luchas que se dan en estos años son en su mayoría de carácter defensivo, en especial contra la pérdida del poder adquisitivo del salario, los topes salariales, violaciones a los contratos colectivos, los reajustes de personal y las políticas y reformas antisociales del gobierno».

Es imperante el señalar que desde Miguel de la Madrid y sobre todo con Carlos Salinas de Gortari, el neoliberalismo tenía que modificar los esquemas legales y constitucionales en el mundo, sobre todo, en naciones subdesarrolladas, confiando en gobernantes, empresarios y políticos, que se apegaran a dicho modelo, sujetándose al proceso de privatización, adelgazamiento del Estado en todas sus operaciones, “reformando constituciones para que se pudiera imponer sus intereses, jamás la del pueblo, mucho menos de la clase trabajadora urbana y agraria.

En el inicio del gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), la crisis económica afectó a la mayoría de la población mexicana. Era el auge de las políticas neoliberales y el fin momentáneo del régimen priista. La fórmula presidencialista del régimen era sencilla: llamar a un nuevo pacto social principalmente con los sectores productivos dirigidos por las cúpulas empresariales y sindicales. «El pacto se logró, sin embargo, tres organizaciones sindicales se negaron: el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Confederación Obrera Revolucionaria (COR)».

Por ese tiempo en que la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) vio la luz en 1997, la avanzada de Zedillo procuró minar los sindicatos reformando la Ley del IMSS, creando la Administración de Fondos para el Retiro (Afores), impulsando -sin lograrlo- las reformas laboral, eléctrica y energética.

No fue hasta el sexenio foxista (2000-2006) en que la movilización de los sindicatos se reactivó ante la oleada neoliberal de la política del gobierno en turno. Los propósitos de esa política, especialmente en el rubro de lo laboral, fueron impulsados por la representación de Carlos Abascal, entonces secretario del Trabajo. Básicamente la idea se centraba en reformar la Ley Federal del Trabajo, privatizar la seguridad social y los fondos de pensiones, eliminar los contratos colectivos de trabajo y el derecho a la huelga, así como replantear la relación del sindicalismo corporativo con el Estado para mantener los topes salariales y retroalimentar la retórica de la llamada «nueva cultura laboral«.

Bajo la lógica de mantener la tasa de ganancia para la élite empresarial, la política laboral foxista buscaba flexibilizar las relaciones obrero-patrón a través de la precarización del mercado del trabajo concretamente: desocupando puestos de trabajo, ampliando las funciones para un mismo empleado, reduciendo las indemnizaciones por despido, dificultando el derecho a huelga, corrompiendo a los líderes sindicales o apoyando o promoviendo sindicatos «blancos»; todo para que estas acciones produjeran a su vez inestabilidad en el empleo y los sindicatos estuvieran en condiciones de negociar dicha iniciativa.

Poco a poco los sindicatos y sus aliados tomaron su batalla contra estas medidas que venían de la mano con la privatización del régimen de jubilaciones, la industria eléctrica, la reforma a la Ley del ISSSTE y que atentaban completamente contra la autonomía sindical y el bienestar colectivo de los trabajadores.

Con Felipe Calderón y Enrique Peña, la marca neoliberal llega a su máxima expresión, donde habían logrado en cada sexenio desdibujar derechos sociales y sindicales, donde lo laboral y salarial fue reducido a su mínima expresión.

El hartazgo social acumulado, da un giro a ese sistema, determinando el ir recuperando parte de sus derechos, frente a la derecha y la ultraderecha mexicana, aquella representada por los partidos PRI, PAN, PRD y sus pequeños satélites oportunistas como Movimiento Ciudadano o lo que queda del PVEM, es fácil observar qué posturas políticas y qué intereses económicos específicos representan y defienden. Estos partidos, al ser representantes de una facción de la burguesía, articulan en el espacio político mediante una clase burguesa representada por Claudio X. González.

El charrismo permanece entre sindicatos como la CTM, CROC, FROC-CROC, sin olvidarnos de agrupaciones en dependencias federales, donde el caso lamentable es Pemex, donde muy a pesar de que el “eterno” Carlos Romero Deschamps ya se “jubiló”, su fuerza permanece entre las diversas secciones imponiendo sus candidatos, impidiendo que la oposición ejerza sus derechos de competir en elecciones para elegir a un nuevo líder, aplicando todo tipo de artimañas para seguir siendo dueño del sindicato petrolero.

Puebla, tal parece que la historia no existe, porque en el sindicato de burócratas del gobierno del estado, la aún dirigente, Virginia Socorro Meza Cruz, debe aplicar los estatutos del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD), para cumplir con la convocatoria y elegir una nueva dirigencia; pero, al momento del registro de candidatos, se les negó el mismo, bajo argumentos diversos de que les faltaba algún documento, de que no reúnen requisitos, etcétera.

Pero artimañas no le faltan. Busca permanecer al estilo Fidel Velázquez o Romero Deschamps, así viole los estatutos, con toda la oposición de los agremiados, o al menos, cuenta con fieles en menor número. Lo acostumbrado de la corrupción y charrismo en estos casos: la compra de la “voluntad”, con regalos y promesas de “mejorar” condiciones laborales. Todo se vale, ¡qué caray!

El proceso electoral deberá realizarse en la primera quincena de diciembre, sin embargo, ante reclamos y denuncias mediante un amparo interpuesto ante la Secretaría del Trabajo del Estado de Puebla, cuyo titular es Abelardo Cuéllar Delgado, afirmando que cuenta con la Defensoría Laboral para emitir su reclamo contra la violación de estatutos por parte de Virginia Socorro Meza Cruz, quien por su actitud se recurre a dicha Secretaría para que se aplique la ley.

Como signo de lo anterior, tenemos a Martha Rodríguez Salinas, líder de «Movimiento por la Democracia», y quien formaba parte de la terna para la elección del Comité Electoral, acusó que les “hicieron trampa” en el conteo de los votos, situación que calificó como “cínica y desvergonzada”.

En ese plano se encuentran los otros candidatos, donde la demanda y denuncia ante la instancia legal de la STEP, se supone que aplicaría la lógica jurídica para impedir tal acto ilegal; sin embargo, si José Blas Abraham Sánchez Serrano, el presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, ya había emitido un laudo a favor de los demandantes, en pocos días corrige y da un giro opuesto a su propio dictamen, de manera incongruente avalando la ilegalidad del proceso. Con el fin de evadir su responsabilidad se declara incompetente para sancionar actos irregulares en dicha agrupación gremial. Es decir, lo que en una semana calificó de violatorio a los estatutos, a la otra semana decía que no lo era.

Es más que claro la mano negra peluda en la corrupción, en cuanto al inminente fraude electoral e imposición del comité electoral a modo, de parte de la actual secretaria del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD).

Como son abrumadoras las pruebas del fraude, la misma STSPEPYOD tuvo que dar marcha atrás ante un amparo para invalidar la asamblea en la cual se eligió al comité electoral para renovar la dirigencia, que se interpuso. Además, otro método gasnteril es el de simular democracia sembrando a un “leal borrego”; es decir, fingir que entre los candidatos hay uno que cumple el papel de patiño, es decir, el que juega a candidato, pero en los hechos, se impone al que será el muñeco del líder, teniendo a Jhovani Oliver Gallo que es fiel obediente de Virginia Socorro Meza Cruz.

Si procede el amparo, entonces se tendrá que actuar conforme a derecho, impidiendo fraude y corrupción, sin que una mano negra desde el poder, deje a la democracia sin efecto.

Esperemos.

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Referencias

González Guerra, José Merced (2006), «Realidad y perspectivas del sindicalismo en México. Renovación y reestructuración del movimiento sindical», en González Guerra, José Merced y Antonio Gutiérrez Castro (Coords.) (2006), El sindicalismo en México. Historia, crisis y perspectivas, México, Fundación Konrad Adenauer/ Centro Nacional de Promoción Social /Plaza y Valdés.

rodrigo.ivan@yahoo.com.mx

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