AMLO y la corrupción en su administración

Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.

Si no actúa contra miembros de su gobierno, atacar la corrupción será sólo propuesta de campaña

En julio de 2018, después del triunfo contundente de López Obrador como candidato a la Presidencia de la República por Morena y sus partidos aliados, convirtiéndose en el primer presidente de izquierda de México; millones de mexicanos celebraron su triunfo con la esperanza de que al fin se lograría la transformación del país después de las pésimas condiciones en que lo dejaron las administraciones del PAN y la última del PRI con Enrique Peña Nieto, así como de los escándalos de corrupción que los caracterizaron y la impunidad de que gozaron aquellos funcionarios que se enriquecieron con el desvío de los recursos públicos y que a la fecha no han sido puestos tras la rejas y menos aún devuelto lo robado a las arcas de la nación.

De alguna manera el voto de castigo de los más de treinta millones que apoyaron a López Obrador en contra del PRIAN, son fiel reflejo del hartazgo y malestar de los ciudadanos en contra de dichos partidos y sus gobiernos.

Pero, a tres años del actual Gobierno es necesario reflexionar sobre la forma en que AMLO y su partido Morena, han cumplido con las expectativas y propuestas que convencieron a sus simpatizantes desde 2017 y que desde mi punto de vista se han quedado cortos o bien en los hechos han sido contradictorios. Pero pasemos al análisis.

En los Estatutos de Morena se lee: “Nuestro objetivo es lograr un cambio verdadero, es decir, que garantice a todos los habitantes del país una vida digna, con derechos plenos y justicia, y sin temor, exclusiones ni privilegios. Un cambio de régimen como el que proponemos significa acabar con la corrupción, la impunidad, el abuso de poder y el enriquecimiento ilimitado de unos cuantos a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población…. Un cambio verdadero es hacer realidad el amor entre las familias, al prójimo, la naturaleza y la patria”

Durante su campaña, López Obrador en un discurso en el Estado de México declaró: “Ya no será México el país de la violencia, de los desaparecidos y de la violación de los derechos humanos”

Como lo cita en su libro 2018: ¿AMLO PRESIDENTE? del Dr. José Antonio Crespo en el capítulo II, Prospectiva Electoral, la académica María Amparo Casar señaló: “AMLO se ha apropiado de tres banderas poderosas: la bandera anticorrupción, la bandera antisistema y la bandera de que Morena nunca ha gobernado.”

Banderas que le siguen siendo rentables electoralmente; sin embargo en el caso de su lucha en contra de la corrupción y la impunidad que tanto ha deteriorado la vida pública y la imagen del país a nivel internacional, las cosas se han salido de control y a la fecha no le son favorables; no por el hecho de que aún no vemos tras las rejas a los políticos y exfuncionarios acusados de corrupción en los gobiernos anteriores y que han logrado evadir la acción de la justicia, sino por que que cada día crecen y se multiplican más los escándalos de corrupción de gente cercana a su administración o de su familia, de los que han dado cuenta los medios críticos a su administración, sin que se haya dado de parte del Gobierno una respuesta clara y satisfactoria, sino por el contrario, se descalifica al medio y se les tacha de ser periodistas corruptos y acusa de responder a los intereses de los grupos neoliberales y a los enemigos del régimen, quedando en el imaginario colectivo, la sensación de que dichos actos no son graves y que es mejor ocuparse de otros temas, que el Presidente introduce para distraer la atención de los ciudadanos

Es decir, a la fecha no hemos visto ingresar a prisión a ningún funcionario de alto nivel cercano al Presidente ni familiares, desde sus hermanos Pío y Martín Jesús exhibidos en videos recibiendo sumas de dinero para la campaña presidencial y que el Presidente llama como “aportaciones”, sin que hayan sido esclarecidos del todo, pasando por los concursos en PEMEX donde se benefició con contratos millonarios a su prima Felipa Obrador a quién sólo se le retiraron los contratos asignados en forma directa y que continúa siendo proveedora de la paraestatal; pasando por los escándalos de ocultamiento de bienes de Manuel Bartlett, las millonarias inversiones del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer que revelan los Panamá Papers, hasta la guerra de denuncias e investigaciones entre el extitular de la Unidad de Inteligencia FinancieraSantiago Nieto y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quienes no han podido esclarecer el origen de sus bienes ni si están involucrados en actos de corrupción.

En dicha disputa, AMLO se verá obligado a intervenir para frenar las cosas e impedir que esto dañe la imagen de su gobierno y termine por convencer a los ciudadanos, de que el combate a la corrupción y la impunidad aplica sólo para los enemigos del régimen y de la clase política neoliberal, pero no para quienes sirven a los intereses del Poder Ejecutivo. Todo esto sucede a nivel del gobierno federal; sin embargo en algunos gobiernos estatales, ocurren casos similares en los que los Gobernadores emanados de Morena, solapan los actos de corrupción de sus funcionarios y se repiten las prácticas de concursos y licitaciones amañadas o se realizan asignaciones directas, y los órganos encargados de la transparencia y lucha anticorrupción son anulados o simplemente desmantelados, con lo que se facilita la corrupción y la opacidad impidiendo a los ciudadanos conocer el uso y destino de los recursos públicos.

Esa es la realidad que vivimos como país y que sólo podrá cambiar en la medida en que el presidente López Obrador imponga un golpe de autoridad y encarcele a los miembros de su gobierno que incurran en actos de corrupción y exija a los gobernadores emanados de su partido actúen en consecuencia con sus funcionarios. Esa es la única forma en que podrá demostrar que su promesa de acabar con la corrupción es una realidad y no quedó sólo como una buena propuesta de campaña.

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