El 2022 y la 4T

Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.

Los retos del Gobierno Federal en un mundo donde se resentirán las consecuencias de la pandemia

Reino Unido, confrontado a una propagación fulgurante de la variante Ómicron, registró este 24 de diciembre más de 122,000 nuevos casos de Covid-19, otro máximo histórico desde el inicio de la pandemia. En Londres, hace una semana se estimaba que una persona de cada veinte ya tenía Covid-19, lo cual está afectando a muchos sectores económicos, debido al cierre de empresas y anulaciones en el transporte.

Previo a Navidad, México reporta 41 casos de variante Ómicron, los cuales se concentran en tres estados, de acuerdo con la base de datos de la iniciativa GISAID; sin embargo, autoridades de Salud federales y locales han detectado más en otros tres estados: 30 se han registrado en la Ciudad de México, ocho en el Estado de México y tres más en Tamaulipas.

Los choques de oferta a los que se han tenido que enfrentar diversos países en el segundo año de pandemia, y en medio de una reactivación de la economía, llevaron a que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) disminuyera su perspectiva de crecimiento para este año. Ángel García-Lascurain, presidente del IMEF, indicó que ahora prevén al cierre del 2021 un crecimiento económico de 5.8%. La volatilidad de la economía global se disipará hasta mediados de 2022, según las de expectativas recabadas en octubre de este año y publicadas por el Banco de México (Banxico), además, de acuerdo con los pronósticos, por primera vez en varios meses la inflación y el crecimiento mostraron tendencias divergentes.

En pocas palabras, las consecuencias de la pandemia las sentiremos por un largo tiempo y no sólo en México, sino la crisis prevalecerá en todo el mundo.

Ahora, evidentemente para nuestro país, además de la situación económica a solventar, también tenemos otras cuestiones de gran importancia, como lo son la ríspida relación del INE con diversos entes al acatar de mala gana y porque ya no le quedó otra, la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no posponer la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la Corte acordó admitir a trámite la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del Acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el que determinó posponer la realización del proceso de Revocación de Mandato 2021-2022, entonces, con la decisión de la SCJN el INE tiene que realizar todos los procesos necesarios para cumplimentar la consulta de revocación de mandato.

También, se tienen en puerta las elecciones para gobernador en AguascalientesDurangoHidalgoOaxacaQuintana Roo y Tamaulipas y se prevé que ni siquiera el Partido Acción Nacional (PAN) pueda arrebatar el triunfo Morena, según lo reconoció Marko Cortés, presidente del Consejo Directivo Nacional de dicho instituto político, en una reunión con miembros de su partido. Como quiera que sea el futuro, no pinta bien para el PAN de Marko.

Por otro lado, el gobierno federal mediante un acuerdo declaró de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y obras a su cargo relativos a infraestructura de todo tipo que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional. Eso involucra obras de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles –en todas sus modalidades– energético, puertos, aeropuertos que están en curso. Es decir, involucra las mega obras impulsadas por este gobierno: el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas o el Corredor Transístmico, entre otras. A su vez, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (INAI) interpuso una controversia constitucional impugnando dicho acuerdo.

El Máximo Tribunal suspendió parcialmente la aplicación del acuerdo presidencial del pasado 22 de noviembre, aunque también declaró improcedente la medida cautelar solicitada para suspender las acciones que se indican en el acuerdo impugnado en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México. Cabe mencionar que, la suspensión es sólo una medida cautelar, y estará vigente hasta que la SCJN resuelva si el acuerdo presidencial es o no constitucional. Tanto el INAI como el Ejecutivo pueden impugnar la suspensión ante una Sala de la Corte, pero pasarán varios meses para una sentencia, pues el Poder Judicial inició el 16 de diciembre su receso de fin de año.

En cuanto al trámite de fondo de la controversia, para que la Corte resuelva si el Acuerdo viola la Constitución o las leyes federales, pueden pasar de uno a dos años para que se dicte el fallo final.

En fin, el próximo año nos aguardan diversas noticias, pero lo que sí es seguro es que la pandemia de Covid-19 dejó como resultado dos años donde los sectores público y privado se vieron obligados a encontrar nuevas formas de hacer negocios. El cierre de fronteras, los confinamientos y la recesión económica de 2020, junto al rebote y la reactivación de 2021 mostraron un claroscuro sumamente atípico que, de alguna manera, demostró que el mundo era capaz de soportar golpes fuertes. No obstante, aún queda una pregunta por responder: ¿seremos capaces de volver a la normalidad?

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