OPINIÓN: La CNDH y su papel de tapete presidencial

La posición de la CNDH hizo que ONU y CIDH advirtieran repercusiones de la militarización de la GN

La postura de la CNDH ante la aprobación del pase de la Guardia Nacional a la SEDENA, negando que vaya a impugnar las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos, y Recompensas de Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Públicas, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerciendo la facultad que le confiere la fracción II inciso g) del artículo 105  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la Acción de Inconstitucionalidad, deja en claro la ausencia de la autonomía e independencia del organismo y su evidente postración  ante el Poder ejecutivo, ya que lejos de cuestionar la inconstitucionalidad de dichas reformas, salió a dar su aval y aprobación para que la Guardia Nacional pase al mando del Ejército mediante un documento de 16 páginas publicado el 14 de septiembre pasado en su cuenta oficial de Twitter, donde señala que el organismo “entiende y atiende la situación de emergencia y excepcionalidad que justifica las reformas, y por lo mismo, coadyuvará a garantizar la preservación de carácter civil de la Guardia Nacional y supervisará su apego a los derechos humanos, porque sin reservas ni titubeos está del lado del Pueblo”

En el documento emite una serie de argumentos y razones a favor de las reformas pronunciadas por legisladores de Morena y sus partidos satélites en los debates y del discurso presidencial, donde retoma parte de las discusiones llevadas a cabo en la Cámara de Diputados y Senadores y de alguna manera reconoce el fracaso del actual gobierno en el combate a la violencia e inseguridad que vive el país, cuando señala:

“Es un hecho que, frente a los escenarios de violencia en donde las fuerzas de seguridad pública estatales y municipales no han podido contener la acción de la delincuencia organizada, es verdaderamente prioritario que la Guardia Nacional, pero también que éstas labores se efectúen en estricto respeto a los Derechos Humanos, atendiendo los más altos  estándares nacionales e internacionales en materia de su protección, poniendo en el centro de sus funciones el cumplimiento del principio pro persona, de tal modo que su actuación sea, efectivamente, una herramienta de pacificación y de reconciliación nacional”.

Al respecto organizaciones como el Centro Prodh (Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez señalaron que: “el pronunciamiento de la CNDH afirmó que con la aprobación de la iniciativa se reconoce la existencia de una crisis de inseguridad y violencia”.

El posicionamiento de la CNDH dio lugar días después a que otros organismos como la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- advirtieran las repercusiones de militarizar a la Guardia Nacional.

El Presidente López Obrador el 14 de septiembre desde Palacio Nacional, respaldó y aplaudió la postura de la CNDH declarando: “Me da mucho gusto que tenga una postura distinta a la de los de la ONU y organismos conservadores que han guardado silencio ante la corrupción” Olvidando que cuando era oposición durante el Gobierno del panista Felipe Calderón, fue de los críticos más severos a la decisión del Presidente de utilizar a las Fuerzas Armadas durante su Guerra a los cárteles del narcotráfico, por lo que cabe preguntarnos: ¿si en esa época López Obrador era conservador, como hoy acusa a dichos organismos que contradicen su política de militarizar el país?

Cabe resaltar que ante la postura asumida por la CNDH, ocho de los nueve integrantes del Consejo Consultivo del organismo, reclamaron al organismo “autónomo” por su decisión de no impugnar las recientes reformas que pasan la Guardia Nacional al control de la SEDENA y dieron a conocer su postura en los siguientes términos:

“Lamentamos que la decisión de la CNDH no considere el marco constitucional, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México ni las diversas sentencias y criterios en la materia”
“Nos comprometemos a apoyar las iniciativas ciudadanas encaminadas a revertir la reforma y sus consecuencias, así como a acompañar a las potenciales víctimas y personas agraviadas que resulten de esta desafortunada decisión”, afirmaron

El documento fue suscrito por las y los consejeros Tania Espinosa, Adalberto Méndez, Bernardo Romero, Jorge Alejandro Saavedra, Gloria Ramírez, Georgina Diédhiou, Ángel Trinidad Záldivar y Mauricio Ibarra.

Diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de la sociedad civil, así como académicos se han pronunciado en contra del pase de la Guardia Nacional al control de las Fuerzas Armadas, porque prevén un incremento en las violaciones a los Derechos Humanos, así como de más víctimas civiles que como daños colaterales, ingresarán a las estadísticas oficiales con la justificación de que ya se encontraba prevista dicha situación como lo ha señalado López Obrador recientemente por el caso de una menor de cuatro años que perdió la vida por un impacto de bala que recibió en la cabeza, al declarar que “son cosas que pasan” y continuó con su conferencia mañanera sin comprometerse a apoyar a los familiares de la menor, ni a investigar si esa muerte pudo evitarse y si fue a manos de los delincuentes o de las propias fuerzas armadas.

Pero lo que me parece es más grave aún, es la negativa del Presidente a reconocer que su estrategia de “Abrazos, no balazos” en contra de la delincuencia, a cuatro años de su gobierno ha sido un fracaso y que a pesar de las críticas y cuestionamientos de grupos, partidos políticos y de la sociedad en general, es hasta ahora que le da un viraje, confiando que las cosas serán distintas; sin embargo existe un enorme escepticismo de que la decisión de pasar el control de la Guardia Nacional al Ejército, será realmente la solución para terminar con los altos índices de violencia, inseguridad, homicidios dolosos, narcotráfico, desapariciones forzadas y feminicidios que padece la sociedad mexicana, o bien si esto es sólo un pretexto para usar el total control del Ejército contra sus opositores e imponer la continuidad de su gobierno y candidatos en los procesos electorales de 2023 en el Estado de México y Coahuila y en la elección presidencial de 2024.

Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.

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